El conflicto entre el hipódromo de San Isidro y los jockeys quedó solucionado para lo inmediato, las reuniones de la próxima semana. Pero va a dejar marcas. Entre directivos que pensaron en pegar un portazo y renunciar, y jinetes que querían correr pero no podían torcerles el brazo a los más firmes en la medida de fuerza, las reuniones fueron ríspidas, con dos posturas irreductibles. El peor escenario para una solución.
Lo que no puede entenderse es que se haya llegado a ese punto, que no es el final, cuando todos entendían que los trabajadores no podían afrontar sus necesidades cotidianas sin recibir la remuneración completa –los puestos del 3° al 5° fueron liquidados, lo mismo que las montas perdidas- y todos sabían que San Isidro no podía hacerse cargo de esa rémora que es el fondo de reparación que el Fondo Provincial del Juego (Fo-Pro-Jue) de la provincia de Buenos Aires, que debe conformarse con el aporte de las ganancias de los bingos y tragamonedas del distrito, y asignar de acuerdo con lo que le manda la ley 13.253 bonaerense.
No se comprende, excepto que hubiera otros intereses y motivos en pugna, solapados tras los económicos, como podrían ser políticos o los internos en una Asociación Gremial de Profesionales del Turf que no pudo contener el enojo y el avance de los pilotos afiliados, luego de haber aceptado las explicaciones de la Comisión de Carreras de San Isidro.
El viernes, en medio del hipódromo del Jockey Club inactivo, sin carreras por la huelga, algunos trabajadores acudían a la tesorería para cobrar lo que les corresponde y que estaba liberado. La excusa del lapso que le toma al laboratorio de San Isidro entregar los resultados de los controles químicos para efectivizar los premios es sólo para el hipódromo de La Plata, que está pasando sus propias desdichas y ahora debe afrontar además una deuda de meses con el otro escenario grande subvencionado por los servicios del centro de cómputos y del propio laboratorio. Ante los rumores sobre un cese de las operaciones de sport para la reunión de ayer, martes 23, en el Bosque, se lo consultó a Juan de la Cruz Ramallo, presidente de la Comisión de Carreras del Jockey Club, que fue concreto el lunes: “Sí, mañana funcionará”, le aseguró a Revista Palermo, como sucedió.
Dos hechos destrabaron finalmente el problema entre el hipódromo de San Isidro y los jockeys. Primero, un pedido del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, se anularon las suspensiones provisionales a los 23 jinetes involucrados en los compromisos de monta incumplidos y extendió por cinco días el lapso para que estos presenten sus descargos, que vencía el lunes. El Estado provincial, que incumple en tiempo con sus obligaciones para con el turf, ahora le pone un remiendo como para ir tirando.
La intervención de Gonzalo Atanasof, titular de Lotería, tras reunirse con el secretario general de la Gremial, Nicolás Ferro, abrió esta ventana en una crisis que parecía no tener una vía de escape sin que se actuara desde fuera de las partes. No tan afuera, en verdad. El Estado provincial tiene un rol fundamental en este asunto, sea desde el organismo del juego o desde el Ministerio de Economía, que es el primero en recibir los fondos. Y ya se sabe que la falta de compromiso para cumplir ciertas leyes es inherente a los que tienen el poder.
